El "New York Times" ha ido publicando una serie de artículos sobre
Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más
influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen
inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en
Estados Unidos,además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander
es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el
comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el
de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en
España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco
rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre
esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de
los más influyentes del mundo.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por
parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas
establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo
visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que
nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado
español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el
maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las
personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca
declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569
españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres
de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre
del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar;
Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel
Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael
Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon
Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel
Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino
Oreja...).
Según el "New York Times", esta práctica es muy común entre las grandes
familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en
estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española,
el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de
44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y
los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza
la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la
media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que
España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad,
educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia,
y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se
gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de
que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos
colectivos citados en el "New York Times". El resultado de su influencia
es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran
mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria
se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude
fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del
Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también
conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr.
Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.
El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta
del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de
tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala
el "New York Times", hace dos años, César Alierta, presidente de
Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como
escribe el "New York Times" con cierta ironía, "el Tribunal desistió de
continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado
demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al
tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la
ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación.
Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª
Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan
impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el
fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que,
aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas
porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper
ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es
escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En
realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad
existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las
desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del
Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se
recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los
enormes recortes de gasto público social que el Estado español está
hoy realizando.
Pero otra observación que hace el "New York Times" sobre el fraude
fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de
información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador
Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó
para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el
hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios
comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la
financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios
comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador
Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el
actual, donde los medios están en una situación financiera muy
delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a
publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el "New York
Times" y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es
lo que llaman "libertad de prensa".
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad
Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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