LA EXPROPIACIÓN DE LAS ACCIONES DE REPSOL EN LA EMPRESA YPF ARGENTINA

04 mayo 2012

Por Jorge Rendón Vásquez


El 18 de abril de 2012, la Presidenta de la República, Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envío al Congreso de su país un proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF, que detenta la empresa española REPSOL. YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) era una empresa estatal hasta que fue privatizada por el presidente peronista Carlos Saúl Menem en 1992. En 1999, REPSOL adquirió ese porcentaje de acciones. El compromiso de REPSOL era reinvertir sus utilidades en Argentina. No quiso honrarlo. Al contrario, se llevó más de treinta mil millones de dólares.

El Senado ya aprobó la ley de expropiación. La Cámara de Diputados lo hizo el miércoles 3 de mayo. Por lo tanto, el Estado argentino debe entrar en posesión de ese 51% de las acciones, con lo cual tomará el comando de YPF.

Aunque REPSOL y el Partido Popular de España, encabezado por el Primer Ministro Mariano Rajoy, han amenazado a Argentina con los jinetes del Apocalipsis por esta expropiación, calificada de ilegal por ellos, su legitimidad está fuera de duda. La Constitución argentina dispone: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada” (art. 17º). No es ésta una norma privativa de Argentina. Todos los Estados la tienen en sus constituciones, como expresiones de soberanía nacional. España también la registra en su Constitución en los términos siguientes: procede la expropiación “por causa justificada de utilidad pública o de interés social mediante la correspondiente indemnización” (art. 33º-3). A los accionistas españoles y a sus mandatarios en el gobierno se les podría decir: por qué tantos saltos si el suelo está parejo. Sabían, además, cuando adquirieron las acciones, que la expropiación es un riesgo que podía llegar.

Como no se trata de una expropiación de la empresa YPF, no hay activos ni pasivos que valorizar. Las acciones expropiadas tendrán que ser valorizadas al precio que tengan cuando se opere su transferencia. No antes, porque la

expropiación se cumple recién cuando se realiza la previa indemnización. REPSOL ya habla de que valen diez mil millones de dólares; en todo caso, pueden haber valido esa suma antes de anunciarse el proyecto de ley de expropiación. Se estima que el justiprecio podría andar por unos tres mil millones de dólares o menos.


Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los incomodan.

Y a todo esto, ¿cómo votó el actual senador Menem o lo que queda de él? Con mucha frescura, por la expropiación, como cuando emprendió la privatización. Se justificó diciendo que los vientos han cambiado de dirección.

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